Esta reforma afectaría a las 34.000 empresas que tributan por este sistema, que son aproximadamente el 50 % de las empresas que operan en el sector y el 20% de las operaciones.

Los transportistas han trasladado a los senadores socialistas de Castilla y León, País Vasco, Valencia y Cataluña algunos de los efectos negativos de esta reforma. A su juicio, dificulta y encarece la gestión de tributación para el pequeño autónomo, elimina el conocimiento previo del coste fiscal anual para el transportista independientemente de cual sea la situación del sector y fulmina la equiparación que existe en la actualidad de equilibrio competencial entre las pequeñas empresas.

Desde el punto de vista de los transportistas la desaparición del régimen de tributación de módulos también, “estimula el “fraude fiscal” al incentivar la no emisión de facturas, ocasionando una disminución en la recaudación, facilita la entrada de transportistas de otros países en el mercado nacional, internacional y el cabotaje al contar estos con menor presión fiscal y reducidos costes laborales y de gestión y fortalece a los grandes consorcios nacionales que finalmente son los verdaderos beneficiarios de esta reforma, al perder el pequeño transportista las pocas ventajas que hasta ahora les permitía optar en condiciones de “dignidad” al mercado del transporte”.

El senador del PSOE por León, Nicanor Sen, ha declarado que el Grupo Socialista ha intentado rectificar, a través de una batería de enmiendas, la reciente Reforma Fiscal aprobada por el Partido Popular y lamenta que, “el Ministro de Hacienda “dé la espalda” a miles de pequeñas empresas del sector del transporte de pesados en beneficio de los lobbies”.