El pasado mes de septiembre de 2018 se aprobaron las restricciones de camiones de cuatro o más ejes por las provincias de Castellón, Tarragon, Lérida y el sur de Barcelona, con la prohibición de la circulación por la N-340 y las N-240, y obligando a más de 4.000 camiones a circular por la AP-7, lo que está perjudicando notablemente a esta vía.

Desde el primer día de puesta en marcha de las restricciones se han estado sucediendo graves problemas de sobresaturación e inseguridad vial en las tres áreas de descanso (Benicarló, La Ribera y Baix Ebre). El problema viene de las menos de 90 plazas que suman entre las tres, que dificulta que los conductores puedan realizar los descansos que manda la legislación.

Sin embargo, a pesar de las protestas de las asociaciones de transporte, tanto a la Dirección General de Tráfico como al Servei de Transit de Cataluña, ambos organismos continúan rechazando la posibilidad de que los transportistas puedan abandonar la AP-7 para hacer sus repostajes, avituallamiento o descanso, ya que en ambos casos se ven obligados a retrocedes e incorporarse por la misma salida de la autopista duplicando el número de kilómetros y la consiguiente pérdida de tiempo.

Con todo, el sector del transporte está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia estime la demanda contra los desvíos a camiones a autopistas de peaje por desvíos voluntarios incentivados económicamente, como así establecieron en el año 2015.

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