A partir de este momento, según explican desde Fenadismer, “será necesario iniciar una valoración jurídica sobre el camino a recorrer”, examinando tanto la situación de los procedimientos ya iniciados contra la administración, como los cauces jurídicos que deban tomar aquellos que no presentaron su reclamación con anterioridad a la sentencia. Sentencia que, en principio, abre la puerta a que cualquier persona física o jurídica pueda reclamar la devolución de lo ilegalmente cobreado durante los últimos cuatro años, el periodo no prescrito, mientras que los que presentaron su correspondiente recurso, también podrían obtener la devolución de lo cobrado con anterioridad. De todos modos, hay que tener en cuenta que la ejecución de la sentencia la tienen que efectuar los tribunales españoles.

El propio Gobierno español ha calculado que la recaudación obtenida a través de este impuesto ascendió a 13.000 millones de euros en el período comprendido entre 2002 y 2011. Por lo que se refiere al transporte por carretera, según las estimaciones que maneja Fenadismer, la reclamación correspondientes a los últimos años pueden alcanzar los 16.000 euros en el caso de un camión, lo que supondría una devolución total al sector de la carretera de unos 2.300 millones de euros.

El céntimo sanitario llegó a la justicia europea porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pidió a los jueces de la UE que determinaran si se ajustaba al derecho comunitario el mencionado impuesto, tras la demanda presentada por un grupo de empresas de transporte por carretera establecidas en Cataluña, de entre las que se seleccionó la de Transportes Jordi Besora para llevarla al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Esta empresa solicitó la devolución de los 45.600 euros que abonó por este impuesto entre los años 2005 y 2008.