Grupo Primafrio ha reconocido a los conductores más sostenibles de 2025 tras evitar casi 5.000 toneladas de CO2 gracias a su Programa de Conducción Eficiente y a la formación continua en conducción segura y eficiente.

Ford Trucks España y Truckfly by Michelin han firmado un acuerdo estratégico para mejorar la experiencia de los conductores profesionales y acelerar la digitalización del transporte por carretera mediante servicios conectados y soluciones digitales avanzadas.

MAN Truck & Bus refuerza su estrategia 360º en España con una oferta que integra vehículo, carrocería, digitalización, financiación y posventa para mejorar la eficiencia y rentabilidad de las flotas.

Eurowag ha presentado un e-book gratuito sobre prevención de fraudes físicos en el transporte por carretera, con medidas prácticas para reforzar la seguridad logística y evitar robos de carga, suplantaciones y fraudes operativos.

Scania incorpora la nueva cabina Longline a su producción en serie como una solución premium de fábrica orientada al transporte profesional, con más espacio interior, opciones de personalización y adaptación a la normativa europea IVD.

El nuevo simulador de rutas para camiones eléctricos DAF permite calcular la autonomía y viabilidad de cada trayecto en función de variables reales como carga, baterías o configuración del vehículo.

En 2025, la gestión del aceite industrial usado en España logró recoger y valorizar el 100% del residuo generado, consolidando un modelo de economía circular eficiente, trazable y liderado por SIGAUS.

Révész Group ha recibido su camión DAF número 1.500, consolidando una alianza estratégica basada en la fiabilidad, la eficiencia operativa y el confort en el transporte de mercancías en Europa.

Grupo Sursedis ha desplegado camiones eléctricos JAC durante la Feria de Abril de Sevilla, demostrando que la movilidad eléctrica ya es viable para el reparto urbano exigente.

El sector del transporte alerta de retrasos en la aplicación de la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores, pese a que la Seguridad Social debía responder en un plazo máximo de seis meses fijado por ley.