No ha superado su revisión parlamentaria el Real Decreto-Ley 9/2017, aprobado por el Gobierno el pasado mes de mayo, con el que se incorporaba al ordenamiento español la Directiva europea sobre trabajadores desplazados. Esta norma regula la obligación de las empresas extranjeras que desplacen trabajadores a España de cumplir las condiciones laborales y salariales establecidas en nuestro país, y afecta a las empresas de transporte afincadas en otros estados.

Aunque sigue en vigor, el Congreso ha aprobado, con los votos favorables de la mayoría de los grupos parlamentarios, excepto los del PP, revisar el contenido de esta norma tramitando un Proyecto de Ley para introducir enmiendas. Uno de los aspectos que se va a revisar es reducir el número de días a partir del cual es necesario notificar el desplazamiento de los trabajadores, fijado en el Real Decreto-Ley en ocho días. Periodo de tiempo que ha sido criticado por algunas asociaciones de transportistas, como Fenadismer, porque en la práctica deja fuera de control todos los servicios de transporte tanto de ámbito nacional, el cabotaje, como de ámbito internacional llevados a cabo por empresas extranjeras en España.

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