Entre las demandas hechas a la Administración regional figuran la construcción de más áreas de descanso y servicio y más dotación de suelo industrial, algo que las empresas de transporte gallegas necesitan de forma urgente.

También han reclamado la creación de líneas de apoyo financiero y de garantía para fomentar la renovación de las flotas de transporte, especialmente tras el envejecimiento derivado de la crisis económica, mediante la incorporación de vehículos menos contaminantes, con consumos más reducidos y cuyos componentes sean, en su mayor parte, reciclables.

Las asociaciones de transporte gallegas han pedido que la Administración priorice el control sobre los grandes infractores, como los que hacen uso del gasóleo b, los que no tienen autorización de transporte, los que manipulan el tacógrafo o no cumplen los tiempos de conducción y descanso que exige la normativa.

Para mejorar la situación del mercado del transporte, las asociaciones exigen la puesta en marcha del Observatorio de Costes del Transporte de Galicia, con el fin de mejorar las relaciones comerciales entre el transportista y el porteador.