Ha puntualizado que este proceso de extinción debería ser progresivo, para añadir a continuación que va a suponer un “catarsis” en el sector y va a tener un impacto importante en los precios. Ha comentado que incluso es una medida “que va a beneficiar más que perjudicar” a los autónomos que tributan con este sistema.Más drástico ha sido Marcos Montero, presidente de otro órgano consultivo, el Consejo Nacional de Transportes Terrestres y de la confederación CETM, que ha afirmado que “deben desaparecer cuanto antes, espero que en enero”.

Desde su punto de vista, los módulos alteran el mercado porque le otorgan una ventaja en costes de entre un 12 y 16% frente a las empresas que no tributan con este sistema.Estas declaraciones las han efectuado en una mesa coloquio en la que también participaba el director general de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral; el director general de Astic, Ramón Valdivia; y Eugenio Vila, presidente del Grupo Cadena de Transporte de Aecoc.

Otra de los asuntos tratados ha sido el de la morosidad, sobre el que todos los participantes han coincidido en señalar que este problema está empezando a mejorar desde la entrada en vigor de la acción directa tras la aprobación de la LOTT. El efecto más beneficioso que está teniendo es que permite identificar a los malos pagadores dentro de la cadena de subcontratación, que es dónde todos han señalado que está el origen del problema.

El representante de Aecoc, Eugenio Vila, insinuó que en realidad este es un asunto entre operadores y transportistas, en el que los dueños de las mercancías suelen ser sólo los perjudicados.Sobre la elevación de la capacidad de carga a las 44 toneladas, los cargadores han insistido en que es una medida que no debe retrasarse en el tiempo, para no perder competitividad frente a los países de nuestro entorno, que ya han implantado esta medida. Los representantes de los transportistas han señalado que ahora no es el momento, para no agudizar las consecuencias de la crisis, y que lo más adecuado es ir siguiendo los pasos que se marquen desde la Unión Europea.

El Director General de Transporte Terrestre ha manifestado que es un tema que se está debatiendo y analizando con los otros ministerios implicados (Interior e Industria), pero que no se tomará ninguna medida al respecto sin antes debatirla con los actores implicados. Además, ha restado validez oficial al borrador que técnicos de la DGT presentaron en julio del año pasado a las organizaciones de transportistas representadas en el Comité.