El Comité y Asfares cargan contra el Decreto de la estiba

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Empresas de Transporte-Flotas Escrito por Pedro García Lunes, 04 Junio 2018 10:57 tamaño de la fuente disminuir el tamaño de la fuente aumentar tamaño de la fuente 0

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El Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera y la Asociación Española de Fabricantes de Remolques, Semirremolques, Cisternas y Vehículos Análogos (Asfares) han redactado un comunicado conjunto en el que critican cómo se ha trasladado a la normativa española la Directiva europea que regula las inspecciones técnicas en carretera, donde se incluye el control de la colocación y sujeción de la carga.

Estas dos organizaciones han emitido un comunicado conjunto en el que se señala que “comparten su preocupación por la redacción del Real Decreto 563/2017 por el que se regulan las inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales que circulan en territorio español.” En el mismo, valoran que este Real Decreto es “una trasposición incompleta de la Directiva 2014/47/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de enero, habiéndose omitido apartados fundamentales de la misma en lo que respecta a la sujeción de la carga. Con ello se desnaturaliza su regulación que es de carácter mayormente facultativo, no vinculante y, sin embargo, el Real Decreto presenta una apariencia de obligatoriedad de normas que no responde ni al texto, ni al espíritu de la Directiva.”

Se añade que “para mayor desconcierto, se han dejado de lado varios criterios expuestos en la Guía europea de mejores prácticas, publicada a la sazón por la Comisión Europea, para la difusión de la Directiva, apareciendo en su lugar, todo tipo de guiones de origen desconocido con interpretaciones extrañas de la Directiva, con los que incluso se ha pretendido formar a los agentes que han de velar por el cumplimiento de la norma.” Es decir, que en lugar de tomar como referencia para su aplicación la Guía editada por las instituciones europeas, consideran que se ha recurrido a interpretaciones de terceros que no cuentan con un aval que justifique su validez.

La secuencia de todo esto, según el Comité y Asfares, es “una enorme inseguridad en todos los sectores afectados por este Real Decreto, que alcanza a cuestiones íntimamente relacionadas con los vehículos, afectando a las responsabilidades civiles, administrativas e, incluso penales, en abierta contradicción con leyes en vigor, tal como la Ley de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías.”

Para evitar esta situación es por lo que “se estima necesario suplir las deficiencias de la trasposición, tomando como referencia imprescindible la Guía europea de mejores prácticas, pues para ello fue publicada”.