Según ha informado Fenadismer, la administración francesa ha dejado sin efecto la norma aprobada en mayo del año pasado, que entraba en vigor en enero de 2018, que establecía una tasa de 40 euros que debían abonar las empresas por cada trabajador que tuvieran desplazado en territorio francés. Tasa que estaba destinada a cubrir los costes del sistema de control de la Ley Macron, normativa que sigue estando vigente.

Desde 2016, en lo que se refiere al transporte, las empresas que desplazan a este país conductores para realizar transporte internacional o interior (cabotaje) deben llevar en el vehículo la documentación obligatoria que acredita que este trabajador percibe como mínimo el salario mínimo francés. Esta obligación incluye una declaración de desplazamiento que se tramita electrónicamente, sistema que se quería financiar con esta tasa.

Fenadismer, en su momento, presentó una denuncia ante la Comisión Europea, por considerar que la imposición de dicha tasa vulneraba manifiestamente la Directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores desplazados, así como por afectar a los principios fundamentales de libre circulación de personas y mercancías establecidos en el Tratado de la Unión Europea. Finalmente, el Gobierno francés ha publicado un Decreto derogando esta tasa, al considerar que su imposición “no está justificada” y se considera “una medida proteccionista” incompatible con la legislación europea.

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