Como habitual serpiente verano, y antes de que el escándalo Rubiales acaparara la atención de los medios informativos, la amenaza de pagar por el uso de las autovías vuelve a sobrevolar las cabezas de los automovilistas españoles.

Una amenaza que en caso de los transportistas se convierte en un verdadero quebradero de cabeza porque atenta directamente a las exiguas cuenta de resultados de sus empresas, y que vendría a sumarse a la desorbitada subida de los precios del combustible.

Y lo peor no es precisamente un posible incremento en los costes de las empresas de transporte, que también, sino la falta de transparencia con que el gobierno, ahora en funciones, está manejando el asunto.

No vamos a negar que la implantación de peajes, viñetas y demás zarandajas, siempre ha estado ahí, de hecho ya hay alguna comunidad autónoma ya las ha impuesto, curiosamente solo para los camiones, pero no resulta de recibo que desde distintos estamentos de la Administración se estén enviando mensajes contradictorios. En junio, semanas antes de las Elecciones Generales, el director general de Tráfico, Pere Navarro, no solo daba por hecho la imposición de este nueva tasa, sino que fijaba el año 2024 como fecha más que probable. Segundos después, la ministra de Economía, Nadia Calviño, desautorizaba al titular de Tráfico y desmentía la noticia.

Esta falta de congruencia es la que maneja el propio gobierno de coalición, pues mientras que ha repetido varias veces frente a los legítimos representantes de los transportistas, el Comité Nacional, y firmado en los últimos acuerdos, su compromiso de no establecer peajes por el uso de las autovías, la medida estaba incluida en el Plan de Recuperación que España presentó a Bruselas como parte de la contrapartida para recibir los fondos europeos Next Generation.

Pero España, inmersa en una crisis gubernamental de muy difícil engranaje, debe acometer los compromisos adquiridos con la Unión Europea tarde o temprano, y la incógnita se plantea si finalmente  automovilistas y transportistas se levantaran un día con un nuevo impuesto a sus espaldas.

En el caso de que sucesivas investiduras permitan a la coalición reeditar gobierno otros cuatro años, ¿será capaz Sánchez de renegociar su compromiso con la Unión Europea o cumplir el contraído con el Comité Nacional del Transporte, o será este quien tenga que claudicar ante el empuje comunitario?.

La otra opción, la de un gobierno del Partido Popular, tampoco parece muy tranquilizadora porque estando de acuerdo con el establecimiento de peajes, no le costaría nada implantarlos y echar la culpa de tal impopular medida a “la herencia recibida”.

Tampoco es un tema que se circunscriba al territorio español, pues los gravámenes en las carreteras, que por usarlas se ha pasado a por contaminar, ya están impuestos en diversos países de la Unión Europea. Y si no, que se lo pregunten a los transportistas españoles de internacional que a partir del próximo diciembre deberán hacer frente a una importante subida del toll-collect alemán. Una medida que trata de penalizar los camiones Euro VI, considerados contaminantes, mientras Alemania reabre las centrales térmicas ante su dependencia del gas ruso. Otro ejercicio de congruencia política.

JAVIER PEDROCHE

Director

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