Si bien aún no se ha alcanzado el objetivo de que todos los cargadores o intermediarios cumplan íntegramente los plazos máximos marcados por la legalidad vigente (un máximo de 60 días desde la prestación del servicio), sí es cierto que se observa una tendencia muy positiva de reducción de los plazos en comparación con otros sectores de actividad, que llegan a triplicarse e incluso cuadruplicarse.

Así, en comparación con los 83 días de media que había en 2021, se pasó a los 74 días en 2022, situándose el pasado mes de marzo en 69 días de media, como constata el Observatorio. A esta mejora está contribuyendo las actuaciones inspectoras que se están llevando a cabo en esta materia por parte del Ministerio de Transportes y de las Comunidades Autónomas, ya que como se recordará fue incluida como actuación prioritaria en el Plan Nacional de Inspección de Transporte para este año 2023.

Todo ello se traduce en una disminución en el número de empresas cargadoras e intermediarios que incumplen la legislación sobre morosidad, que por primera vez son porcentualmente menores que las cumplidoras, concretamente pasando a ser del 48 % de los clientes, de los que un 43 % lo hicieron a más de 90 días e incluso un 13 % siguieron pagando inadmisiblemente a más de 120 días.

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