Estas cantidades han sido cofinanciadas en los últimos años por el Fondo Social Europeo (FSE), por lo que el esfuerzo presupuestario del Gobierno de España ha sido significativamente inferior.

Este escaso esfuerzo en la financiación de la adaptación profesional de los trabajadores autónomos está siendo causa de que disminuya gravemente el nivel de competitividad del colectivo y en consecuencia de buena parte de la estructura empresarial española.

Ante esta situación, y ante la perspectiva de que en un próximo futuro pudiera llegar a desparecer la financiación actual la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA, se ha ofrecido al Gobierno para negociar la aplicación de una cotización especial de un 0,1% de las cuotas a la Seguridad Social a este fin. Esta cotización llegaría a representar una recaudación anual cercana a los treinta millones de euros, lo que significaría un cambio sustancial en la capacidad de preparación y adaptación de este colectivo.

Todos los sectores de autónomos estarían dispuestos a este esfuerzo con el fin de asegurar que los más de trescientos mil nuevos autónomos que se dan de alta cada año en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia, puedan acceder a la formación necesaria y de esta forma ayudar a que se mantenga en el futuro este tejido empresarial y laboral básico en el desarrollo de nuestro país.