Las empresas de transporte extranjeras que operan en España, especialmente aquellas deslocalizadas que operan en nuestro país, serán la prioridad de la inspección de transportes por carretera, según el Plan Nacional que la Subdirectora General de Inspección de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, Alicia Rubio, ha presentado a las asociaciones de transportistas.

Se cumple así la Directiva europea 22/2006 sobre la aplicación de la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera, que obliga a los Estados miembros a realizar controles dirigidos a las empresas clasificadas como de mayor riesgo. Una labor que se viene produciendo desde 2016 en colaboración con los cuerpos de inspección de otras Administraciones Públicas, especialmente la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo.

Precisamente el pasado mes de julio de firmó un nuevo protocolo entre la Inspección de Transporte y la Inspección de Trabajo y Seguridad para reforzar, mejorar y ampliar la lucha contra el fraude en las contrataciones de trabajadores en el sector de transporte.

Según el Plan Nacional, la inspección a las empresas buzón tendrá lugar tanto en carretera (controlando vehículos pesados y ligeros) como a las empresas cargadoras, comprobando el cumplimiento de la normativa social y el cabotaje.

Para facilitar el control de las empresas extranjeras que realizan transporte nacional, a partir del próximo mes de febrero será obligatorio que el conductor introduzca manualmente el símbolo del país en el que entra después de cruzar la frontera de un Estado miembro al comienzo de la primera parada del conductor en ese país.

Contra la morosidad

Otro de los aspectos que incluye este Plan de Inspección es el control del cumplimiento de los plazos máximos de pago en el sector del transporte, en base a la nueva normativa aprobada el pasado mes de octubre. La lucha contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera, que tanto daño está haciendo a las empresas de transporte, es una de las prioridades políticas de la Unión Europea.

También se llevará a cabo un año más el control anual de los tiempos de conducción y descanso sobre la flota en torno a los 470.000 vehículos de transporte que en la actualidad están obligados a llevar tacógrafo en España.