Según los datos de Febrero del Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera en España que elabora mensualmente Fenadismer, estos muestran una reducción en los plazos de pago a los transportistas hasta los 71 días de media.

Varias empresas transportistas españolas con conductores portugueses han sido sancionadas en España al haberse emitido sus tarjetas CAP por las autoridades portuguesas sin el correspondiente número de homologación “E21” exigido por la normativa europea.

La Comunidad de Madrid dará un bono cheque de 600 euros para facilitar la obtención del permiso de conducir de camión o autobús.

Llega el 1^er Congreso Nacional de la Mujer en el Transporte de la mano del Grupo de Comunicación Global DIFUNDALIA.

Ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria para el año 2023 de las ayudas a transportistas autónomos que abandonen la actividad.

La Comisión Europea ha iniciado el trámite de modificación de varias directivas relacionadas con la seguridad vial, entre otras, la modificación de la vigente Directiva sobre el permiso de conducir.

El consejo de Ministros, a propuesta de Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha aprobado el nombramiento de David Lucas Parrón como nuevo secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La Agencia Tributaria ha arrojado información sobre la ayuda de los 20 céntimos por litro que recibirán las empresas y autónomos de transporte que se beneficien del gasóleo profesional.

El Parlamento Europeo ha aprobado este lunes el reglamento que fija un objetivo de reducción de emisiones del 100% para furgonetas y coches en 2035, propuesta respaldada por 340 votos contra 279 y 21 abstenciones.

La prohibición de que los conductores profesionales realicen el descanso semanal normal en la cabina de los camiones fue introducida por primera vez a finales de 2017 y posteriormente fue normativamente incluida en el Paquete de Movilidad aprobado por la Unión Europea en 2020, lo que obligó a que los Estados miembros tuvieran que regular en sus legislaciones nacionales el régimen sancionador para hacer efectivo el cumplimiento de esta prohibición.