El céntimo de la discordia

Desde el pasado 1 de marzo está en vigor en Castilla y León y Cantabria el Impuesto Especial sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMH), conocido como el “céntimo sanitario”. Aunque ambas comunidades han tenido en cuenta el sector del transporte y han decidido devolver a los profesionales el impuesto que pagan en el momento de repostar, cada una ha tenido una sensibilidad especial: en el caso de Cantabria, la devolución será total mientras que en Castilla y León, reembolsarán el 50% de lo pagado.

En la actualidad, ya son más las comunidades autónomas que aplican el céntimo sanitario (Cataluña, Galicia, Asturias, Andalucía, Extremadura, Murcia, Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana) que las que no lo hacen (País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Baleares y Canarias). Este es un impuesto que los gobiernos regionales tienen la posibilidad de aplicar, en función de sus presupuestos, y que va por tramos. El máximo es de 4,8 céntimos por litro repostado de cualquier combustible (gasolinas o gasóleos), mientras que el tramo estatal es de 2,4 céntimos, que se aplica en todo el territorio nacional.

Para los empresarios castellanoleoneses, la decisión de aplicar una tasa que supondrá “la puntilla y la ruina” para muchos negocios que pasan dificultades por la crisis, no servirá para recaudar más, sino todo lo contrario, ya que los conductores dejarán de consumir un bien que, especialmente para los particulares, no es indispensable.

Movilizaciones

Colectivos de transportistas, taxistas, repartidores, distribuidores de gasóleo, agricultores, excavadores, dueños de gasolineras, empresarios del metal y la madera, de autoescuelas o empresas de limpieza se manifestaron el pasado 24 de febrero ante la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León para pedirle que dé marcha atrás en sus propósitos. Para las asociaciones de transporte, estaciones de servicio y de agricultores, la aplicación del céntimo sanitario va a tener una repercusión negativa en las arcas autonómicas, “como consecuencia de la inevitable disminución del consumo de gasolinas y gasóleos en la comunidad con efectos negativos en la recaudación del impuesto de hidrocarburos y el IVA, por lo que no se conseguirán los fines recaudatorios previstos, unos 140 millones de euros, que es la cifra que la Junta de Castilla y León espera obtener”.

Todos los sectores mencionados han comenzado una campaña divulgativa por toda la región, informando de las consecuencias negativas que va a tener para todos: ciudadanos, empresarios, trabajadores, autónomos y agricultores. Para ello han distribuido 500.000 dípticos y 250.000 pegatinas con el lema “cenTIMAZO sanitario NO” donde se informa de “por qué es imprescindible para la economía familiar que no se aplique esta nueva tasa” afirman en un comunicado conjunto.

Pero los transportistas no son los únicos que consideran que la medida va a suponer un descalabro para la economía en general. Las patronales regionales de estaciones de servicio (Fereclaes y Avecal) alertan de que, con el nuevo impuesto, muchos de los empresarios de este sector se verán obligados a suspender o reducir la venta a crédito a sus clientes, empresas o entidades, entre las que se encuentran administraciones como la Junta de Castilla y León o las diputaciones provinciales. La venta a crédito en las estaciones de servicio es una práctica habitual por la que muchos autónomos y empresarios pueden seguir desarrollando su actividad económica en un momento difícil como el actual. “El incremento del mal llamado “céntimo sanitario” (porque, en realidad, son 5,66 céntimos por litro) será la puntilla que cerraría el grifo de la venta a crédito y, por consiguiente, pondría en peligro la viabilidad de muchas empresas y autónomos que gastan grandes cantidades de combustible al mes” afirman ambas patronales.

Devolución íntegra

Quien también ha decidido aplicarlo, pero ha prometido devolverlo a los transportistas ha sido Cantabria. El gobierno regional ha aprobado un plan de ajuste con el que pretende ahorrar 157 millones de euros en este año. Una de las medidas para aumentar la recaudación es aplicar el céntimo sanitario a los carburantes, pero ya ha anunciado que el sector del transporte no se verá afectado, ya que lo devolverá íntegro. A los conductores particulares aplicará el máximo permitido (4,8 céntimos por litro repostado) y se prevé recaudar 22 millones de euros. Los transportistas de la asociación Aetrac han pedido que la devolución se haga a través de la figura del gasóleo profesional.

Otra región que acaba de anunciar que devolverá el céntimo sanitario al sector del transporte es Extremadura. La comunidad autónoma lo lleva cobrando desde comienzos de 2011 para todo el mundo y, en el momento de anunciarlo, con el PSOE en el gobierno regional, prometió que lo devolvería al completo a los transportistas. Sin embargo, la promesa se quedó en agua de borrajas y se cobró sin hacer excepciones. Ahora, con el PP en el poder, el actual presidente autonómico, José Antonio Monago quien, en su día, criticó el impuesto al considerarlo “antisocial”, ha decidido devolverlo al sector del transporte y mantenerlo para el resto.

La Junta de Extremadura ha confirmado su compromiso de aprobar el sistema de devolución y que se llevará a cabo de forma inmediata, en la primera ley tributaria que se tramite ante la Asamblea de Extremadura.

País Vasco se opone

Pero no todas las comunidades se han acogido a aplicar el impuesto en sus territorios. EL País Vasco ha rechazado de plano su implantación porque, según el lehendakari, Patxi López, “era un modo de simbolizar el debate sobre los recursos sanitarios”. Entretanto, una caravana de camiones recorrió hace semanas las calles de Vitoria para exigir al Gobierno vasco que no lo ponga en marcha. La portavoz del sindicato Hiru, Estitxu Ugarte, se preguntó si la posible aplicación del impuesto es “una broma pesada o un globo sonda” y recordó que el sector ya paga “suficientes impuestos indirectos” que sirven para pagar la sanidad vasca. “Lo que no vamos a hacer es repagar la Sanidad pública. Por eso no podemos hacer recortes, pero tampoco podemos repercutir en un sector el peso de ese copago”.

A este respecto se ha pronunciado la asociación de transporte de Vizcaya, Asetravi, quien ha afirmado que “la aplicación de un nuevo impuesto a las empresas y profesionales del transporte de mercancías por carretera tendrá un efecto devastador en un sector que está padeciendo con particular intensidad y crudeza los efectos de la crisis. Nuestro sector ya soporta una carga impositiva desmedida en virtud, no ya de una fiscalidad desorbitada, sino también, claramente discriminatoria y de carácter penalizador. Apelar al buen fin de los recursos recaudados por este impuesto constituye una burla para un colectivo que ya sufraga generosamente la sanidad pública y el resto de los servicios merced a la presión tributaria que soporta”.

Algo que ha podido influir en el rechazo a su implantación es que en el País Vasco hay una estructura fiscal diferente al resto del Estado. El hecho de que los impuestos los recauden las haciendas forales (una por provincia), y que cada una esté en manos de un partido político distinto, ha hecho que no haya habido acuerdo a la hora de estudiar la propuesta y, de este modo, se haya decidido no aplicar el céntimo sanitario en el País Vasco.