La regulación propuesta Euro 7 incrementaría los costos de fabricación de automóviles, furgonetas, camiones y autobuses. Un estudio realizado por Frontier Economics estima que los costos por vehículo serían de alrededor de 2.000 euros para automóviles y furgonetas con motor de combustión interna, y cerca de 12.000 euros para camiones y autobuses diésel. Estas cifras son entre 4 y 10 veces más altas que las estimaciones de la Comisión en su evaluación de impacto para Euro 7 (180-450 euros para automóviles y furgonetas, y 2.800 euros para camiones y autobuses).

Estas estimaciones incluyen únicamente los costos directos de fabricación, principalmente en equipos e inversiones. Es importante destacar que estos costos adicionales no se corresponden con los precios de compra; más bien, elevan aún más los precios para los usuarios finales. Por lo tanto, es probable que los incrementos de precios sean aún más altos que las cifras citadas en el estudio.

Con las normas actuales Euro 6/VI, la Unión Europea cuenta con los estándares más completos y estrictos del mundo en cuanto a emisiones de contaminantes (como NOx y partículas). Las emisiones de escape ya se encuentran en niveles apenas medibles gracias a la tecnología de vehículos de última generación.

"La industria automotriz europea se compromete a reducir aún más las emisiones en beneficio del clima, el medio ambiente y la salud. Sin embargo, la propuesta Euro 7 simplemente no es la forma adecuada de lograrlo, ya que tendría un impacto ambiental extremadamente bajo a un costo extremadamente alto", declaró Sigrid de Vries, directora general de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA, por sus siglas en inglés).

Además de los costos directos, la propuesta Euro 7 generará costos indirectos, como un mayor consumo de combustible. A lo largo de la vida útil de un vehículo, esto podría incrementar los costos de combustible en un 3,5%, lo que equivaldría a un extra de 20.000 euros para camiones de larga distancia y 650 euros para automóviles y furgonetas.

Estos costos indirectos, que son ignorados en la evaluación de impacto de la Comisión, se suman a los costos directos. Aumentarían el costo total de poseer un vehículo, ejerciendo presiones financieras adicionales sobre los consumidores y las empresas en un momento de alta inflación y aumento de los precios de la energía.