La primera decisión es la que afecta a la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), que concluye el próximo 30 de septiembre.

Se suma a ella la AP-7, entre Alicante y Tarragona, la AP-4, entre Sevilla y Cádiz, la AP-2, entre Zaragoza y el Mediterráneo y los tramos de la AP-7 Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol, que terminan el 31 de agosto de 2021.

Por su parte, los grupos que apoyaron a Pedro Sánchez en la moción de censura, esperan que el nuevo Gobierno cumpla las promesas de liberar del peaje a estas vías. Los grupos independentistas catalanes consideran que ya se han pagado las inversiones realizadas en la AP-7 y definen como agravio comparativo la situación actual de Cataluña a otras comunidades que cuentan con autovías gratuitas.

Por otro lado, los gobiernos autonómicos de Susana Díaz o del de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, y el de Franco Lambán en Aragón, también reclaman la gratuidad de las autopistas en sus respectivos territorios.

Con todo, la patronal de las grandes constructoras y concesionarias, Seopan ha pedido al Ministerio de Fomento que se mantenga el peaje ya que su liberalización “provocaría un caos”, al dispararse el tráfico de camiones hasta los 8.000 diarios.

“Sería inasumible mantener un mínimo de nivel de servicio en la autopista”, explica Julián Núñez, presidente de la patronal.

Según Seopan, el mantenimiento del peaje puede ahorrar a los contribuyentes unos 300 millones de euros, ya que la autopista tiene pendientes inversiones para implantar el tercer carril en toda la infraestructura.

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