Dos conflictos muy diferentes en cuanto a sus problemas de fondo y entidad de las empresas, pero que ilustran la situación tan precaria en la que viven actualmente muchos profesionales del transporte, uno de los sectores fundamentales para la actividad económica y que con más virulencia está sufriendo los estragos de la crisis.

Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Fomento, entre mayo de 2008 y julio de este año, han desaparecido algo más de 21.600 empresas de transporte, lo que supone una reducción del 16,87%.

Como decíamos, estos dos conflictos que surgieron a finales de junio tienen características muy diferentes pero un perjudicado común: transportistas. En el caso de los repartidores de bebidas, que trabajan para una distribuidora de bebidas, el desencadenante ha sido la renegociación de los contratos mercantiles que vinculaban a transportistas y distribuidor, que por lo que aseguran fuentes relacionadas con este asunto, podría ser una operación encuadrada dentro de otra de mayor envergadura y que afectaría a la reorganización de la estructura de la multinacional Coca Cola en nuestro país.

ERE y concurso

En cuanto al concurso voluntario de acreedores de Transportes Ochoa, el punto de partida está en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que presentó la empresa y que afectaba a unos doscientos trabajadores, que recurrieron los sindicatos y un conductor asalariado a título personal. Oposición que supuso que el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) y los bancos cerraran el grifo del crédito a la empresa. La falta de liquidez hace que Transportes Ochoa solicite el concurso voluntario de acreedores Juzgado Mercantil número 2 de Zaragoza el 27 de junio. Ante esta situación, unida al hecho de que les adeudaba parte de la nómina de los meses anteriores, los empleados de las plataformas de Madrid y Barcelona dejan de trabajar, lo que supone prácticamente la paralización de las operaciones de la empresa, situación que comunica la compañía. Lo que no deja de ser paradójico: que se solicite el concurso de acreedores para mantener la actividad y luego se diga que se suspende. Sin embargo, la empresa volvió a operar obligada por el juez que vigila el concurso, además de que ha salido adelante el ERE.

Las consecuencias para los transportistas de este parón y arranque, es que muchos de ellos tienen pendientes las facturas de unos tres meses de trabajo, ya que la empresa pagaba a 60 y 90 días. Para algunas empresas que contaban con varios camiones haciendo las rutas de conexión entre las plataformas, la deuda acumulada se acerca incluso al millón de euros. Curiosamente, los pocos transportistas (el 10% de unos 600) que han vuelto al trabajo después de aprobarse el concurso de acreedores están cobrando a 15 días.

Los transportistas que hayan presentado en plazo las facturas pendientes (también pueden presentar en Hacienda en el plazo de un mes desde que se publique en el BOE el concurso de acreedores para recuperar el IVA), pasarán a formar parte de la lista de acreedores. Los administradores concursales tienen que elaborar un plan de viabilidad de la empresa, o si no es posible, la liquidación de la misma. Como este concurso se ha declarado de “especial trascendencia”, se gestiona de forma urgente y en octubre tiene que haber una propuesta. Si se considera que es viable, se propone un convenio de pagos, que deben aceptar los deudores mayoritariamente, que podría incluir una quita (no cobrar un porcentaje de lo adeudado) y/o una espera (plazos de espera para el cobro).

Autorizaciones y visados

Los transportistas afectados que ya han visado sus autorizaciones han solicitado el cese temporal en Hacienda y la Seguridad Social, pero los que todavía no han visado tienen que seguir dados de alta para no perder las autorizaciones. Para los que tuvieran trabajadores, el cese del trabajo es motivo de despido objetivo. En cuanto a los Trade reconocidos (autónomos dependientes que se lo comunicaron en su momento a la empresa) que hayan generado ese derecho, percibirán la prestación por cese de actividad, como se denominó el “paro” para los autónomos; los que no estuvieran reconocidos tendrán que esperar un año y acreditar las disminución de los ingresos para recibir una ayuda económica.