Según el último informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC), el estado de las infraestructuras viarias en España ha alcanzado su punto más crítico en décadas.

En concreto, se ha detectado que 33.966 kilómetros de la red viaria nacional presentan deterioros muy graves, tanto en el plano estructural (baches, piel de cocodrilo) como superficial (grietas longitudinales, transversales y descarnaduras). Esta cifra representa un 32% del total de las carreteras del país y supone casi el triple respecto a 2022, cuando se contabilizaban 13.000 kilómetros en estas condiciones.

Adicionalmente, el informe identifica otros 20.407 kilómetros que requieren actuaciones correctivas en un plazo máximo de cuatro años por presentar daños clasificados como "graves". En conjunto, más de la mitad de la red viaria española (54.373 km sobre 101.700 km totales) necesita ser intervenida a corto o medio plazo.

Un déficit de conservación que supera los 13.400 millones de euros

La situación actual responde a un deterioro acelerado por la falta de inversión pública sostenida en mantenimiento. La AEC cifra en 13.491 millones de euros el déficit de conservación acumulado, una cifra sin precedentes que considera el incremento de costes en materias primas, energía y mano de obra.

Desglosado por titularidad, se necesitan:

• 4.721 millones de euros para las carreteras de titularidad estatal (26.000 km)
• 8.770 millones de euros para las redes autonómicas y forales (75.300 km)

Este deterioro se ha acelerado a un ritmo del 8% anual en los últimos tres años, según los datos de la AEC.

Consecuencias directas para ciudadanos, logística y seguridad

Las repercusiones del mal estado de las carreteras van mucho más allá del confort de la conducción. El deterioro impacta directamente en la seguridad vial, la eficiencia del transporte de mercancías y los costes para los usuarios:

• Aumento de hasta un 12% en el consumo de combustible, por el mayor rozamiento y resistencia del firme.
• Más de 270 millones de euros de sobrecoste durante los meses de julio y agosto, según la DGT.
• Reducción del 10% en la velocidad media del tráfico, afectando a la productividad del transporte.
• Incremento de hasta el 25% en los tiempos de viaje para camiones y autobuses.
• Hasta un 10% de aumento en los precios finales de productos debido a retrasos e ineficiencias logísticas.

Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia, las regiones con peores resultados

El análisis territorial del informe revela profundas desigualdades entre comunidades. Aragón presenta los peores datos, con el 68% de su red viaria con daños graves o muy graves, seguida por Castilla-La Mancha y Galicia, ambas con un 59%.

En contraste, regiones como la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, Extremadura y País Vasco se sitúan por debajo de la media nacional. El informe subraya que estas diferencias responden tanto al grado de inversión como a la prioridad política asignada a la conservación vial.

Tecnología de inspección digital: el futuro de las auditorías viarias

Por primera vez, la auditoría de la AEC se ha realizado mediante tecnología de inspección digital apoyada en inteligencia artificial (IA). Este avance ha permitido capturar datos detallados y objetivos de 4.000 km de carreteras mediante sensores y cámaras de alta resolución, una muestra diez veces mayor que en estudios anteriores basados en inspección visual.

El análisis se realizó a velocidades de hasta 90 km/h, lo que permitió detectar microdeterioros con gran precisión. Esta metodología, desarrollada íntegramente en Europa y conforme a los criterios éticos de la Comisión Europea, mejora la fiabilidad del diagnóstico y agiliza los tiempos de evaluación.

Propuesta de la AEC: crear un fondo específico y sostenible

Ante la gravedad de los resultados, la AEC propone crear un fondo de conservación viaria permanente y autosuficiente, con financiación multicanal:

• Asignación directa de los Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas
• Fondos europeos para transición ecológica y digital
• Peajes inteligentes o eco-tasas como sistemas de tarificación por uso
• Colaboración público-privada en conservación y gestión
• Revisión de la fiscalidad entre modos de transporte: eliminar exenciones a ferroviario, marítimo y aéreo en el impuesto especial de hidrocarburos podría generar más de 4.000 millones anuales (Fundación Corell)

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