Esto ha ocasionado un deterioro muy grave y preocupante en la liquidez de los autónomos y empresas transportistas, al no poder repercutir dichas subidas en los precios que perciben sus clientes. De hecho, según estimaciones de FENADISMER, el encarecimiento del precio del carburante ha supuesto a los 100.000 transportistas que operan en España un sobrecoste anual que roza los 2.000 millones de euros adicionales. De dichos incrementos descontrolados en los precios de los carburantes no sólo cabe culpar al alza que está experimentado el petróleo a nivel internacional, sino también a la actuación de las compañías petrolíferas que operan en España, con precios antes de impuestos de los más altos de la Unión Europea, lo que llevó a FENADISMER a presentar el pasado mes de Diciembre la demanda colectiva contra las principales petroleras por imposición de precios durante los últimos 14 años.

Con todo, el Gobierno está ultimando la tramitación del Real Decreto-Ley que se comprometió a aprobar el pasado mes de Diciembre con las asociaciones de transportistas y que incluye, entre otras medidas, la del establecimiento de una cláusula automática de revisión de las tarifas que perciben los transportistas de sus clientes  y que ayudará a los transportistas poder repercutirles las subidas que experimente el precio del gasóleo, incluyendo la referencia a su evolución en los últimos 12 meses, estando previsto que dicho texto legal sea analizado este mismo jueves por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno.

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