El fin de estas propuestas es mejorar las normas vigentes para evitar fraudes y abusos, exigiendo a las empresas sitas en otro Estado miembro, la realización de actividad real en dicho país.

Estas acciones surgen en el entorno de la Alianza Europea por la Carretera en la que 9 países europeos se unieron el pasado enero.

Debido al dumping social que está sufriendo el transporte español, el Parlamento Europeo, a través de la eurodiputada española, Izaskun Bilbao, ha interpelado a la Comisión Europea sobre la necesidad de promover un conjunto de leyes a nivel europeo que traten de solucionar dicho problema.

Lo que se pretende es evitar la creación de sociedades ficticias, para lo cual la Comisión Europea considera necesario actuar contra las empresas deslocalizadas que operan en su país orginal.

Para luchar contra el fraude, se establecerá una nueva regulación que obligue a las empresas de transporte a tener una presencia y actividades concretas en el país donde se han registrado.

Con todo, la Comisión Europea también pide a las autoridades europeas una cooperación más estrecha para descubrir esas sociedades ilegales.

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