Castilla y León tiene los precios más elevados, seguida de Cantabria en gasolina con catalizador y de Madrid en el caso de los diésel. En España conviven distintos modelos de gestión, ya que son las Comunidades autónomas las que regulan los sistemas de ITV. Existen las de gestión pública, directa o tutelada a través de una empresa pública, las que trabajan mediante concesión y las que se encuentran liberalizadas.

FACUA ha alertado sobre las consecuencias negativas que puede generar la liberalización del servicio de ITV que estudia el Ministerio de Industria, pide que se mantenga un servicio público que garantice la seguridad vial y advierte que la medida es contraria al ordenamiento jurídico europeo y no representará una bajada de precios.