Esta medida permite adelantar el retiro a trabajadores que desempeñan su labor en ocupaciones especialmente penosas, peligrosas o insalubres, donde el riesgo para la salud o la vida no puede mitigarse mediante mejoras laborales.

El decreto, impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, establece una metodología clara y basada en criterios objetivos, marcando un antes y un después en la protección social de quienes desarrollan su carrera profesional en condiciones extremas.

Qué profesiones podrán jubilarse antes

La norma establece una definición más exhaustiva de las condiciones que justifican la anticipación de la jubilación:

Penosidad

Se considerarán trabajos penosos aquellos que implican:

- Exposición a temperaturas extremas

- Ruido o vibraciones constantes

- Uso permanente de la fuerza física

- Contacto frecuente con agentes físicos, químicos o biológicos

Toxicidad

Incluye empleos con exposición a sustancias agresivas o nocivas que deterioran progresivamente la salud del trabajador.

Peligrosidad

Se refiere a actividades con alto riesgo de accidente laboral o enfermedad profesional, cuya incidencia supera con creces a la de otras profesiones.

Insalubridad

Abarca entornos de trabajo en los que el ambiente es perjudicial para la salud, sin posibilidad de aplicar medidas de prevención eficaces.

Cómo se acreditan las condiciones extremas

Para asegurar la transparencia del proceso, el decreto contempla el uso de indicadores estadísticos objetivos:

- Incidencia de incapacidad temporal: número de bajas médicas respecto al total de trabajadores, desglosado por edad y sexo.

- Eventos graves: número de fallecimientos e incapacidades permanentes registrados.

- Duración media de las bajas: relación entre días de baja y número de procesos en el colectivo.

Además, la Seguridad Social elaborará un informe detallado de morbilidad y mortalidad, considerando factores como edad, género, rotación en el puesto, parcialidad laboral, tamaño de la empresa y localización geográfica.

Procedimiento para solicitar los coeficientes reductores

El proceso debe iniciarse a través de una solicitud conjunta presentada por:

- Organizaciones empresariales y sindicales

- Asociaciones de trabajadores autónomos

- Administraciones Públicas (en algunos casos)

Esta solicitud se enviará a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que coordinará informes con la Inspección de Trabajo, el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo y, si procede, el Ministerio de Función Pública.

La evaluación final corre a cargo de una comisión con presencia de los interlocutores sociales, encargada de emitir un informe sobre la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen la reducción de la edad de jubilación.

No afecta a regímenes especiales ya vigentes

Este nuevo procedimiento no altera los beneficios ya reconocidos a colectivos como:

- Trabajadores del mar

- Mineros

- Personal de vuelo

Los nuevos coeficientes se aplicarán únicamente a sectores que hasta ahora no contaban con este tipo de medidas compensatorias, como podría ser el caso de camioneros, albañiles, auxiliares de vuelo o camareras de piso, entre otros.

Aumento de cotización: un coste compartido

La aplicación de los coeficientes conllevará un incremento en la cotización a la Seguridad Social, que se fijará cada año en los Presupuestos Generales del Estado.

Este recargo afectará tanto a:

- La empresa, que asumirá una parte del tipo adicional

- El trabajador, que también verá incrementada su contribución

La sobrecotización se aplicará sobre la base reguladora de contingencias comunes.

Límites del anticipo: nunca antes de los 52 años

Una de las restricciones clave es que la jubilación anticipada no podrá aplicarse por debajo de los 52 años, incluso si el trabajador cumple todos los requisitos.

Además, quienes se retiren aplicando estos coeficientes no podrán seguir desempeñando la misma actividad profesional que dio origen al beneficio, garantizando así la coherencia del sistema.

Con todo, este Real Decreto supone un paso decisivo en el reconocimiento del desgaste físico y mental que sufren determinados colectivos a lo largo de su vida laboral. Además de ofrecer una salida más digna, el nuevo procedimiento busca equilibrar el sistema de pensiones con aportes adicionales, asegurando su sostenibilidad.

Es, en definitiva, un gesto de justicia laboral para quienes han trabajado en condiciones extremas sin una protección específica... hasta ahora.

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