El gobierno ha ampliado en otros 450 millones de euros, similares a los aprobados el pasado mes de marzo, dirigidas a compensar los efectos del alza incontrolada de los precios de los combustibles habidas estos últimos meses, con el límite de 400.000 euros por empresa beneficiaria restando lo que obtuvo en la anterior convocatoria de ayudas.

Como señala Fenadismer, en marzo fueron unos 125.000 transportistas, tanto de mercancías como de viajeros, incluidos taxis, vtcs y ambulancias, los que solicitaron dichas ayudas en el plazo de un mes concedido para ello, lo que dejó fuera sorprendentemente, según estimaciones de la propia Federación a 1 de cada 4 potenciales beneficiarios de las mismas, en concreto un total de 45.000 autónomos y empresas, entre transportistas y taxistas, dejaron de presentar la solicitud de ayudas el pasado mes de abril.

Por ello, y teniendo en cuenta el período vacacional, el gobierno ha ampliado el plazo para solicitar dichas ayudas hasta el 30 de septiembre.

Al igual que las medidas de marzo, las ayudas estarán asignadas en función el número de vehículos que se tenga, correspondiendo 1.250 euros por camión  pesado, 500 € por furgoneta, 950 por autobús, 300 por taxi o vtc y 500 por ambulancia.

Ley de Cadena del Transporte

El mismo Decreto Ley incluye también la nueva Ley de Cadena del Transporte , una normativa ampliamente perseguida por las diferentes asociaciones empresariales, y que pretende evitar que se trabaje por debajo de los costes de manera estructural, y eliminar de manera eficaz los desequilibrios actuales en la contratación de servicios de transporte por las situaciones de abuso sobre la parte más débil de la cadena de suministro.

Según algunos estudios del propio Ministerio de Transportes sólo el 25% en empresas transportistas trabajan bajo acuerdos de exclusividad y el 12% en empresas con acuerdos preferenciales. Además, este bajo nivel es más acuciante en el caso de los autónomos con un solo vehículo, donde el 83% de la contratación se realiza de forma verbal. Así, el Decreto-ley impone la obligación de que todos los servicios de transporte, excepto los de menor cuantía, vayan documentados en un contrato o carta de porte por escrito, siendo sancionado en caso contrario como infracción grave.

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