noviembre
21

DERECHO A TRANSITAR

Publicado en: Blog por F. Javier Pedroche

Las protestas de los llamados Comandos de Defensa de la República, los CDR,  como consecuencia de la sentencia del “procés”, han tenido graves consecuencias para el transporte internacional de mercancías por carretera, una actividad que representa buena parte de nuestras exportaciones, y que tiene a La Junquera como principal vía de conexión entre España y Francia, principalmente para todo el corredor del Mediterráneo.

Los numerosos disturbios y bloqueos en la misma y Le Perthus, en el lado francés, por supuestos comandos separatistas, no solo ha causado un daño directo a centenares de conductores, profesionales y trabajadores retenidos contra su voluntad en el desempeño de su trabajo, sino también millonarios daños económicos, pérdida de cargas y clientes para las empresas transportistas y serio riesgo de que los países europeos destinatarios de nuestros productos busquen en otros mercados aquellos que hasta ahora compraban en España.

Si bien el artículo 28 de nuestra Constitución reconoce el derecho a la huelga y protestar es un derecho fundamental en un Estado de Derecho, las vandálicas acciones llevadas a cabo en la AP7 se sitúan en un punto más cercano al sabotaje que a los derechos ineludibles que deben existir en un régimen democrático.

No vamos a entrar si son legítimas o no las reclamaciones de los independentistas catalanes, eso sería objeto de otro debate, sino en que, además de las numerosas pérdidas millonarias, estimadas en más de 100 millones de euros solo en daños directos al transporte, se ha conculcado otro derecho fundamental como es el que tiene cualquier ciudadano a transitar libremente por las vías públicas, tanto si el motivo del traslado es privado como si es profesional.

Un derecho que no ha sido salvaguardado ni por el gobierno central, ni por el govern catalán, uno por inacción y el otro mostrando una enorme irresponsabilidad arengando a mantener las protestas en lugar de garantizar el libre tránsito de personas y mercancías a través de autopistas bajo su gestión, una postura que posiblemente haya limitado con la ilegalidad.

También ha sorprendido la pasividad mostrada por el gobierno español y su falta de respuesta ante los requerimientos de las distintas asociaciones de transportistas para que se desbloqueara la situación, en claro contraste con las medidas utilizadas por el gobierno francés ante el bloqueo de su frontera.

Defender o permitir el derecho a la huelga, aunque no parecía el caso, y a la protesta de unos, no debe limitar los derechos de otros a desarrollar libremente su actividad profesional, con el consiguiente quebranto a sus intereses. Y ello es lo que ha parecido en las protestas de la AP7, que unos, los piquetes, tenían más derechos que otros, mientras que el ministro español de Fomento, que no de Transporte, atendía más a los resultados electorales que a las necesidades de los profesionales de la carretera, haciendo un flaco favor al devenir económico de este país y, lo que es peor, dando a entender que entre las prioridades de este gobierno, el sector del transporte no ocupa precisamente un lugar de privilegio.


JAVIER PEDROCHE

Director

jpedroche@edpl.es



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