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UN ACUERDO CONTROVERTIDO

Publicado en: Blog por F. Javier Pedroche

Con brexit o sin él, no cabe duda que la Unión Europea pasa actualmente por sus peores momentos. Sin una idea de política común, y con el establecimiento de normativas locales que no buscan otra cosa que proteger, en este caso, el transporte nacional, se le suma ahora el auge que en algunos países están teniendo los llamados partidos euroescépticos, que pretenden acabar con los que significa una Europa unida.

El 31 de enero se reunían en Paris los ministros responsables del transporte de nueve países europeos, ocho pertenecientes a la Unión Europea, más Noruega, para firmar lo que ellos denominaron de forma pomposa la “Alianza del transporte por carretera”., para luchar contra la competencia desleal, un problema creciente en el sector del transporte, y donde el gobierno español declinó su asistencia, alegando que los objetivos allí planteados convergían en contra de los intereses de los transportistas de nuestro país.

La ausencia del representante español y el hecho de que nuestro país no suscribiera el acuerdo que, según sus propios términos, persigue la convergencia de “algunas medias nacionales de aplicación de la normativa europea” y “mejorar las prácticas de control basadas en las experiencias mutuas”, ha sido interpretado de forma muy distinta por las diferentes asociaciones profesionales que representan el transporte en nuestro país, lo que ha dado lugar a una fuerte controversia.

Mientras las patronales que aglutinan a las principales flotas, léase CETM y ASTIC, apoyaban sin fisuras la decisión del Ministerio de Fomento, las representantes de pequeñas empresas y autónomos, como FENADISMER o FETRANSA, criticaban abiertamente la postura gubernamental.

Sin lugar a dudas, el dumping social, la deslocalización de las empresas o las compañías buzón, suponen un grave perjuicio y un peligro para las empresas establecidas legalmente, por lo que de distorsión tiene en el mercado al jugar con diferentes armas. Acabar con esta situación y mejorar las condiciones de trabajo de los conductores, debería ser una prioridad de todos, no solo de los gobiernos, sean nacionales, europeos o autonómicos, sino también de las empresas y, por supuesto, de las organizaciones sindicales.

Lo que también parece, cuanto menos, sospechoso, es que un objetivo que debería ser común para todos los países miembros de la Unión Europea, haya sido adoptado de manera “unilateral” por unos cuantos, algunos con normas proteccionistas, ignorando a todas las instituciones comunitarias, que deberían ser las garantes de cualquier política común.

Precisamente es lo que está necesitando el sector desde hace décadas, una política común en materia de transporte, que garantice la libre circulación de personas y mercancías entre todos los Estados miembros, con normas idénticas en materia, por ejemplo, de pesos y dimensiones. Y para ello la intervención de los distintos organismos europeos es imprescindible, y el acatamiento de sus Directivas, sin medias tintas, ni interpretaciones torticeras, por parte de los miembros, también.

JAVIER PEDROCHE

Director

jpedroche@edpl.es

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